Prefecto de Pichincha, respondió a las acusaciones hechas por la Comisión Nacional Anticorrupción

Pichincha al día 25/09/2015

En rueda de prensa, la mañana de este jueves 24 de septiembre, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, respondió a las acusaciones hechas por la Comisión Nacional Anticorrupción, respecto a los contratos para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu.

El Prefecto al iniciar su intervención, expresó su asombro e indignación del informe de la Comisión, y aclaró que sus explicaciones están dirigidas a los pichinchanos, quienes son sus electores y mandantes.

Dijo que el informe de la Comisión Nacional Anticorrupción desconoce varios hechos fundamentales. Uno de ellos es la Cláusula Segunda del Convenio de Cesión de Proyectos del Sistema Hidroeléctrico Guayllabamba celebrado entre la Empresa Pública Hidroequinoccio EP y la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEP EP, el 7 de enero de 2011.

Con la suscripción del convenio, las partes acordaron la cesión total de los Proyectos Hidroeléctricos de la Cuenca del Guayllabamba: CHONTAL, CHESPI PALMA REAL, CHIPAPI, MANDURIACU, TORTUGO, EL TIGRE Y LLURIMAGUAS, que ejecutaba la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, a la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR – CELEC EP, lo que significó la transferencia total de los contratos de consultoría, los estudios ya realizados, así como la ejecución de proyectos. Así, con este documento, Hidroequinoccio EP estuvo al margen del proceso de construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu.

Otro hecho importante que ignora la Comisión y destacó el Prefecto son los estudios de prefactibilidad y factibilidad desarrollados por el Consorcio TRACTEBEL CAMINOSCA, una de las empresas más importantes de su área. Mientras que la fiscalización de estos estudios la realizó la Comisión Federal de Electricidad de México, firma que emitió el certificado de aval de estudios y diseños del proyecto Manduriacu.

Otra de las acusaciones es que la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, ubicada en las provincias Pichincha e Imbabura no cuenta con licencia ambiental. El prefecto Baroja manifestó que esa acusación atenta contra los derechos de la naturaleza, que promueve y defiende el Gobierno de Pichincha en sus distintos programas. "Somos la única provincia con ordenanza de producción agroecológica".

Preguntó además, que tiene qué ver el prefecto y el Gobierno de Pichincha con la emisión de licencias ambientales, con el directorio de la CELEC - EP integrado por otras autoridades, mas no por el prefecto de Pichincha.

"El aporte de Pichincha a la transformación energética nacional es la central hidroeléctrica Toachi – Pilatón, el prefecto de Pichincha además presidente del directorio de Hidrotoapi, firmó contrato para la ejecución de este proyecto que estará listo en el 2016, cuto aporte es de 254.40 MW al sistema interconectado del país", destacó el Prefecto, en respuesta a la afirmación de que el titular de Pichincha está a la cabeza de los proyectos hidroeléctricos.

El Prefecto recalcó que el informe de la Comisión Anticorrupción no ha pasado por debido proceso. Anunció también, que solicitará una auditoría de los estudios del proyecto Manduriacu; y en relación a las inquietudes del proceso constructivo de esta central hidroeléctrica le corresponde responder a la CELEC – EP. "Atentar contra la honra de las personas e instituciones no puede quedar en blanco", declaró en alusión a las acusaciones expresadas.

Manduriacu, la primera de las ocho hidroeléctricas que construye el Gobierno Nacional fue entregada el 21 de marzo del 2015. Está ubicada en el límite entre las provincias de Pichincha e Imbabura, en las parroquias Pacto (cantón Quito) y García Moreno (Cotacachi).