Agencia Andes 29/04/2016
Trece personas fueron procesadas por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del exdirigente del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín Jarrín. La Fiscalía General del Estado (FGE) permitió que se retire el velo de impunidad sobre este caso de casi 30 años después.
En la audiencia que se realizó la mañana de este jueves, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, formuló cargos con base en 37 elementos de convicción, entre los que constan: versiones, pericias e informes. La diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia por el fuero que ostenta uno de los procesados.
Luego de cuatro horas, la jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra 3 personas. Asimismo, dispuso que los otros 10 procesados se presenten una vez al mes en la Corte Nacional y que no salgan del país. Además, para los 13 procesados dictó la prohibición de enajenar bienes por 50.000 dólares, para precautelar la reparación integral de las víctimas.
Según información de la Fiscalía, de los 13 procesados, hay 2 civiles y 11 policías en servicio pasivo, dentro de los cuales se encuentran 4 generales. Entre ellos consta el general Édgar V. quien se encuentra en Estados Unidos; las autoridades ecuatorianas iniciaron un trámite de extradición para continuar con el proceso de juzgamiento.
Datos sobre el crimen
De acuerdo con los archivos de la década de 1980 desclasificados por mandato del presidente de la República, Rafael Correa, y en la documentación incautada por la FGE en el 2013 y 2015, el Gobierno Nacional ecuatoriano (durante el periodo 1984 y 1988) planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.
Según la Fiscal+ia, en ese período, las unidades especiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional perpetraron detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además, la Policía Nacional creó una estructura clandestina al interior del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha conocida como SIC-10.
De acuerdo con el resumen ejecutivo del caso, a finales de septiembre de 1986, Arturo Jarrín, uno de los fundadores y máximo dirigente del grupo AVC, se encontraba en la clandestinidad por la persecución de la fuerza del orden. Pero tenía previsto viajar a Europa.
El 7 de octubre, arribó a Panamá donde permaneció hasta el 24 de ese mismo mes. Ese día, mientras realizaba llamadas telefónicas internacionales, fue detenido por un militar por orden del entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a pedido del presidente del Ecuador de esa época, León Febres Cordero.
Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición de autoridades ecuatorianas. Al llegar a Quito, fue llevado al lugar conocido como 'La Remonta' donde se encuentran las caballerizas de la Policía Nacional donde fue torturado.
Según las investigaciones de Fiscalía, Jarrín fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén (al norte de la capital) la noche del 26 de octubre de 1986. La Policía dijo que hubo un enfrentamiento armado entre agentes policiales que patrullaban en el sector de Carcelén y Arturo Jarrín, quien se encontraba con otras dos personas.
La Comisión de la Verdad, creada por Correa, desmintió la versión de la Policía, que argumentó que se trató de un enfrentamiento y en su informe final determinó que Jarrín fue torturado, violentado sexualmente y apareció asesinado en el barrio de Carcelén.
