Deuda estatal con gobiernos locales es de $470 millones

La Hora 06/07/2016

Hasta fin de año se cancelará el rubro por devolución del IVA y se armará un plan de pagos, ofreció el Régimen.

El Gobierno reconoció la deuda que mantiene con los gobiernos seccionales y reveló que hasta junio bordeaba 220 millones de dólares. Otros 250 millones, sin embargo, corresponden a los recursos por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La deuda total, entonces, llega a 470 millones de dólares.

Según el Régimen, lo del IVA se cancelará hasta fin de año, de acuerdo con un cronograma de pagos establecido con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, aseguró ayer que la cuota de mayo ya fue cancelada. “De aquí en adelante intentaremos que no haya más atrasos y ponernos al día”.

El presidente, Rafael Correa, afirmó que muchos de los dirigentes locales, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, “satanizan el gasto público, pero resulta que todos han vivido del gasto público”. “Las asignaciones a los gobiernos locales es gasto público”, argumentó.

Correa agregó que los gobiernos seccionales deben empezar a pensar cómo ser menos dependientes del central a nivel financiero y tener autonomía con el cobro, por ejemplo, de agua potable, tasas de recolección de basura o un “adecuado” impuesto predial.

“Quisiera escuchar alguna iniciativa de parte de algunos de cómo generar sus propios ingresos, en lugar de escuchar esa palabreja tan chocante… exigir, exigir, sin decir que todo ese es gasto público”, expresó el mandatario.

René Terán, coordinador de la Mancomunidad del Norte y del Consorcio de Gobiernos Amazónicos, que agrupa a representantes de nueve provincias, sostiene que estarán vigilantes y atentos del “cumplimento fiel” de los compromisos del Régimen para que “por fin” se defina un cronograma de pagos para que las prefecturas, desde su planificación financiera, puedan ajustar los presupuestos.

“Si se cumple el compromiso, nosotros también estaremos dispuestos a coordinar los ajustes”, aseguró, pero recordó que los retrasos en las competencias para riego en algunos casos viene desde 2015.

Estas transferencias deberían completarse en 2016. “Con el pago desde el Gobierno central habrá un alivio y un respiro para que la obra pública empiece a ejecutarse nuevamente”.

Terán coincidió con el criterio de iniciar proyectos de autogestión pero amparados en lo que dispone la Ley, relacionada con recaudación de impuestos, tasas y contribuciones y que prácticamente solo podrían hacerlo los municipios.