El Telegrafo Quito 10/05/2016
El manejo de la Alcaldía de Quito al tema de la proliferación de venta informal de jugo de naranja continúa generando críticas.
A las versiones emitidas la semana pasada por directivos de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, se sumaron ayer criterios surgidos desde el Concejo capitalino.
Luisa Maldonado, concejala por Alianza PAIS (AP), considera que al ejecutivo local “la situación se le ha ido de las manos y no ha hecho lo que debe hacer”.
Maldonado recordó que la capital cuenta con normativa que ordena, regula y fomenta la economía popular y solidaria, espacio en el que se econtrarían los emprendimientos de venta de zumos embotellados de la fruta.
La edil señaló que en ese sentido, la normativa más clara es la Ordenanza 280, en vigencia desde septiembre de 2012.
La representante de AP señaló que el ejecutivo local podría hacer uso de las disposiciones establecidas en la ordenanza para “organizarlos en lugar de perseguirlos e inventar historias sobre ellos, como el que son parte de supuestas mafias”.
En su primer artículo, la norma municipal señala que “(...) respetando el derecho al trabajo, tiene por objeto regular las actividades comerciales y de servicios en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, así como fomentar el desarrollo integral de las trabajadoras y trabajadores autónomos”.
El segundo numeral del artículo 20 establece a los productos perecibles como uno de los giros que pueden ser expendidos de manera regulada en las vías y espacios públicos quiteños.
Maldonado alude específicamente al acápite b, como el que permitiría la presencia de los vendedores de jugos autónomos.
Este menciona que entre los giros autorizados de venta callejera están “alimentos preparados domésticamente, como: refrescos, bebidas, comida rápida, típica o al paso”.
Quienes critican la posición de la Alcaldía apuntan que como contraparte, la actividad de los vendedores callejeros y entre ellos quienes expenden jugo de naranja embotellado debe ser regulada.
Y para ello, la propia ordenanza establece en su artículo 6 que son deberes y atribuciones del gobierno local propender a la formación, capacitación y profesionalización permanente de las trabajadoras y trabajadores autónomos en los diferentes procesos de la actividad comercial y de servicios.
La normativa también plantea estimular nuevos modelos de gestión para la actividad del comercio y servicios que desarrollan las trabajadoras y trabajadores autónomos (...)”.
El numeral 7, a su vez, dispone al Cabildo “organizar, racionalizar y autorizar sitios específicos en los cuales las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán ejercer en forma ordenada su actividad (...)”. Para realizar este tipo de cosas, dice la concejala de PAIS, la Alcaldía puede usar recursos propios existentes como la Agencia Económica Conquito o establecer convenios con entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) o el Instituto de la Economía Popular y Solidaria.
Falta de apoyo a la economía popular y solidaria
La ciudad cuenta, también, con la ordenanza 539, que fomenta emprendimientos populares asociativos, los cuales podrían ser otra alternativa para apoyar a los comerciantes de jugos de naranja.
La normativa, aprobada en abril de 2014 plantea, entre otras cosas, que las entidades y empresas municipales dispongan, al menos, el 5% de sus presupuestos anuales para contratos con empresas de la economía popular y solidaria.
No obstante, según denunció hace unas semanas el concejal Carlos Páez (AP) en su blog, el ejecutivo quiteño no cumplió el año pasado con esta disposición.
De acuerdo con Páez, las contrataciones municipales solo alcanzaron el 0,7% presupuestario durante el 2015. La Secretaría de Desarrollo Productivo calculó, de acuerdo con un oficio del 21 de marzo, que el año pasado debieron contratarse “aproximadamente $ 30’760.523”.
Sin embargo, el mismo informe da cuenta de que entre enero y diciembre pasados el monto contratado mediante ferias inclusivas para actores de la economía popular y solidaria llegó a $ 4’214.947.
Datos
La Asociación de Emprendedores Ecuatorianos rechazó el viernes pasado el tratamiento que ha dado la Alcaldía a la venta callejera de jugos de naranja.
Los integrantes de la entidad anunciaron que como alternativa plantean el apoyo a sus colegas a través de mecanismos como capacitación y acercamiento a generadores de crédito.
Las capacitaciones propuestas serán gratuitas y empezarían el 20 de mayo. Entre las temáticas que se abordarían están normas de higiene, normas de regularización y tips empresariales.
En cuanto al acceso a recursos económicos, los directivos de la asociación de emprendedores señalaron que buscarán que organismos como la CAF, el PNUD y el BID aporten con líneas de crédito.
A las versiones emitidas la semana pasada por directivos de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, se sumaron ayer criterios surgidos desde el Concejo capitalino.
Luisa Maldonado, concejala por Alianza PAIS (AP), considera que al ejecutivo local “la situación se le ha ido de las manos y no ha hecho lo que debe hacer”.
Maldonado recordó que la capital cuenta con normativa que ordena, regula y fomenta la economía popular y solidaria, espacio en el que se econtrarían los emprendimientos de venta de zumos embotellados de la fruta.
La edil señaló que en ese sentido, la normativa más clara es la Ordenanza 280, en vigencia desde septiembre de 2012.
La representante de AP señaló que el ejecutivo local podría hacer uso de las disposiciones establecidas en la ordenanza para “organizarlos en lugar de perseguirlos e inventar historias sobre ellos, como el que son parte de supuestas mafias”.
En su primer artículo, la norma municipal señala que “(...) respetando el derecho al trabajo, tiene por objeto regular las actividades comerciales y de servicios en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, así como fomentar el desarrollo integral de las trabajadoras y trabajadores autónomos”.
El segundo numeral del artículo 20 establece a los productos perecibles como uno de los giros que pueden ser expendidos de manera regulada en las vías y espacios públicos quiteños.
Maldonado alude específicamente al acápite b, como el que permitiría la presencia de los vendedores de jugos autónomos.
Este menciona que entre los giros autorizados de venta callejera están “alimentos preparados domésticamente, como: refrescos, bebidas, comida rápida, típica o al paso”.
Quienes critican la posición de la Alcaldía apuntan que como contraparte, la actividad de los vendedores callejeros y entre ellos quienes expenden jugo de naranja embotellado debe ser regulada.
Y para ello, la propia ordenanza establece en su artículo 6 que son deberes y atribuciones del gobierno local propender a la formación, capacitación y profesionalización permanente de las trabajadoras y trabajadores autónomos en los diferentes procesos de la actividad comercial y de servicios.
La normativa también plantea estimular nuevos modelos de gestión para la actividad del comercio y servicios que desarrollan las trabajadoras y trabajadores autónomos (...)”.
El numeral 7, a su vez, dispone al Cabildo “organizar, racionalizar y autorizar sitios específicos en los cuales las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán ejercer en forma ordenada su actividad (...)”. Para realizar este tipo de cosas, dice la concejala de PAIS, la Alcaldía puede usar recursos propios existentes como la Agencia Económica Conquito o establecer convenios con entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) o el Instituto de la Economía Popular y Solidaria.
Falta de apoyo a la economía popular y solidaria
La ciudad cuenta, también, con la ordenanza 539, que fomenta emprendimientos populares asociativos, los cuales podrían ser otra alternativa para apoyar a los comerciantes de jugos de naranja.
La normativa, aprobada en abril de 2014 plantea, entre otras cosas, que las entidades y empresas municipales dispongan, al menos, el 5% de sus presupuestos anuales para contratos con empresas de la economía popular y solidaria.
No obstante, según denunció hace unas semanas el concejal Carlos Páez (AP) en su blog, el ejecutivo quiteño no cumplió el año pasado con esta disposición.
De acuerdo con Páez, las contrataciones municipales solo alcanzaron el 0,7% presupuestario durante el 2015. La Secretaría de Desarrollo Productivo calculó, de acuerdo con un oficio del 21 de marzo, que el año pasado debieron contratarse “aproximadamente $ 30’760.523”.
Sin embargo, el mismo informe da cuenta de que entre enero y diciembre pasados el monto contratado mediante ferias inclusivas para actores de la economía popular y solidaria llegó a $ 4’214.947.
Datos
La Asociación de Emprendedores Ecuatorianos rechazó el viernes pasado el tratamiento que ha dado la Alcaldía a la venta callejera de jugos de naranja.
Los integrantes de la entidad anunciaron que como alternativa plantean el apoyo a sus colegas a través de mecanismos como capacitación y acercamiento a generadores de crédito.
Las capacitaciones propuestas serán gratuitas y empezarían el 20 de mayo. Entre las temáticas que se abordarían están normas de higiene, normas de regularización y tips empresariales.
En cuanto al acceso a recursos económicos, los directivos de la asociación de emprendedores señalaron que buscarán que organismos como la CAF, el PNUD y el BID aporten con líneas de crédito.
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